EXCESOS E
INFRACCIONES
Denuncian la
ocupación del espacio público
01/02/2006
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Cuando aún resuenan
los ecos de la clausura de nueve restaurantes de Puerto Madero
y diez más parecen próximos a recibir la temida faja de
cierre, conviene reflexionar sobre el tema del espacio público
y de sus potenciales usurpadores. Parecería (hasta ahora al
menos) que es más visible y molesto el vendedor que por
necesidad de trabajo usurpaba con su lonita un metro cuadrado
de vereda que los grandes negocios que hacían de la acera un
ambiente más para expandir su lucrativo comercio.
Comencemos por observar
la simple idea de que el espacio público no es un lugar que
carezca de dueño. Como público es de todos. Siendo suyo y mío
tenemos el derecho de usarlo y de protegerlo, de cuidarlo y de
defenderlo.
Creo que esta sencilla
idea no encuentra arraigo en nuestro inconsciente colectivo,
sino como explicar lo que muchos ciudadanos hacen: tirar su
basura a la calle. El peatón, con el papel que dejó de
servirle; el que viaja en su auto o colectivo, arrojando la
latita de gaseosa vacía a través de la ventana...
Si no lo cuido tampoco lo
defiendo: protesto en voz baja si debo dar un rodeo para
atravesar "la vereda del restaurante" pero no pienso en que es
mi derecho el de transitar por la ciudad sin tener que eludir
las mesas y sillas de los negocios que por pensar en su
provecho dejan de ver el nuestro. Y conste que hablamos de
incomodidad cuando en realidad habría que referirse a una
imposibilidad de circular. Pensemos cuando el transeúnte es
una madre que camina portando el cochecito de su bebé, o el
ciudadano que circula es un no vidente o un minusválido
motriz.
Desde hace años que el
tema va y viene, como el reflujo de una marea. Cobra
importancia por un tiempo y luego el impulso se desvanece.
El caso del que vende por
necesidad es distinto del que invade para lucrar. No porque
ambas situaciones no definan un avasallamiento de lo público,
sino porque el primero lo hace para sobrevivir al no encontrar
las condiciones básicas de vida garantizadas por la sociedad
de la cual forma (al menos teóricamente) parte (derecho a un
trabajo digno, acceso a la educación, a la salud, a la
vivienda).
Esperamos
que la Justicia
Contravencional de la Ciudad haga respetar de una vez por
todas el espacio público y disponga (y sostenga en el tiempo)
el desmantelamiento de todas las construcciones que violan el
derecho a circular libremente por nuestra ciudad.
La Defensoría del Pueblo
de la Ciudad de Buenos Aires viene trabajando desde hace años
sobre el tema. Los resultados no fueron muy alentadores. Cada
vez que se hacía una denuncia puntual y los inspectores
visitaban al comercio infractor encontraban con que éste
"estaba en regla". Era como si furtivamente y ante la
proximidad de una inspección (¿intuida?, ¿anticipada?)
desarmaran el escenario y volviesen a fojas cero el asunto.
¿Quienes invaden?
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los locales
gastronómicos mediante la colocación de mesas y sillas y, en
muchos casos (especialmente en época invernal) con faldones
fijos o enrollables.
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los lavaderos de autos,
los cuales suelen colocar carteles en sectores públicos,
promocionando su actividad, y realizan tareas de limpieza
manual sobre la vereda.
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las verdulerías y
fruterías que exhiben mercadería sobre la acera.
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los talleres mecánicos
y gomerías son otro tipo de actividad que suelen desarrollar
tareas en la vía pública. Estas situaciones se agravan
cuando se realizan trabajos de pintura o soldadura sobre la
acera o calzada.
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los quioscos que
utilizan la acera como anexo a sus locales. La instalación
de carteles, metegoles, máquinas expendedoras, bancos y
demás elementos obstaculiza el paso peatonal.
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los responsables de las
concesionarias de automóviles que exhiben los vehículos en
lugares públicos.
Corresponde recordar que
el art. 27º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
establece, en su acápite 3, que se deberá promover la
protección e incremento de los espacios públicos. Sin embargo,
desde la sanción de nuestra Carta Magna la vía pública se ve
cada vez más invadida.
¿Toda ocupación está
prohibida?
La respuesta es no.
Existen regulaciones que permiten la ocupación temporal de la
vía pública por parte de locales del tipo bar o restaurante.
Las condiciones son claras, estrictas y no dan pie al abuso en
el que muchas veces se incurre:
"...En cuanto a la
ocupación de la acera con mesas y sillas, corresponde recordar
que se encuentra regulada por el Capítulo 11.8 del Código de
Habilitaciones y Verificaciones, el que establece las
dimensiones máximas de las mesas y diámetro máximo permitido
para cada unidad compuesta por una mesa y cuatro sillas. De
esta normativa puede extraerse, como conceptos importantes y
muchas veces incumplido, lo siguiente:
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Las dimensiones de las
mesas rectangulares no excederán de 0,75 m. por 0,50 m. y
las redondas, de 0,60 m. de diámetro.
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Cada unidad, conformada
por una mesa y cuatro sillas, ocupará un diámetro de 1,80 m.
como máximo.
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Entre las unidades
señaladas habrá un espacio libre de 0,50 metros.
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En aceras con un ancho
de entre tres y cuatro metros, se autorizará una hilera de
mesas en contacto con la línea de edificación,
exclusivamente entre las 21 y 5 horas del día siguiente.
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En aceras mayores de
cuatro metros, se autoriza la instalación de hasta cuatro
hileras, conforme a una serie de distancias al cordón. En
estos casos, se dejará un corredor libre de 1,90 metros
sobre la línea de edificación.
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No se permite la
instalación de mesas fuera de la acera correspondiente al
local habilitado, salvo que cuente con permiso de los
propietarios de los inmuebles linderos.
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No podrán instalarse
mesas y sillas a menos de cinco metros de lugares reservados
para la detención de vehículos de transporte público de
pasajeros, bocas de acceso a subterráneos, de escuelas,
bancos, templos, etc. Tampoco se autorizará a menos de tres
metros de quioscos permitidos en la vía pública".
Para concluir citaremos
un párrafo del informe emitido por la Defensoría (Resol.
3735/02) que en cuanto a la ineficiencia demostrada por parte
de las autoridades para defender el espacio público dice:
"...Cuando el Estado, a
través de sus organismos de aplicación, no logra el
cumplimiento de sus propias normas, puede deberse, en resumen,
a tres factores: ineficiencia (por incapacidad,
burocracia o falta de recursos), falta de interés (o
decisión) o corrupción".
Esperamos sinceramente
que lo actuado en Puerto Madero sirva de base y de inicio para
la realización de un cambio de actitud profundo que implique
no sólo el respeto del bien común y del interés general sino
también su legítima y firme defensa.
Carlos Davis
Datos de
interés:
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