EL ÉXITO DEL
RECLAMO Y LA MOVILIZACIÓN
Se suspendió la
venta de los terrenos que la UBA
tiene en Puerto Madero
04/03/2006
- Finalmente la lucha entablada por los padres y alumnos
del Colegio Nacional Buenos Aires (dependiente de la UBA) tuvo
sus frutos: se suspendió por 150 días la decisión de vender los terrenos que sirven de campo de deportes de la escuela
y que son pretendidos por la Corporación Puerto Madero. La comunidad educativa reaccionó con presteza al
enterarse que la operación estaba a punto de ser cerrada. Se
buscará consensuar la decisión a tomar.
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Pareciera que de un
tiempo a esta parte muchos de los terrenos vírgenes de
Buenos Aires se han convertido en un suculento bocado para
los que buscan realizar negocios inmobiliarios por cifras
millonarias. La fuerza del dinero parece capaz de
convencer al mas testarudo, en especial si el trato se
mantiene dentro de un perfil bajo. |
Pero, ni bien empezó a
circular el rumor de la venta (en realidad los alumnos y
padres se enteraron a fines de diciembre por un artículo
periodístico) la comunidad entera del Nacional Buenos Aires
salió a movilizarse y a pelear por lo que era suyo, por
demostrar que el dinero no lo puede todo y que hay cosas que
no se pueden vender y comprar con tanta facilidad y
desparpajo.
Haciendo un poco de
historia
A fines del 2005 aparece
un artículo en el que se informa que el Consejo Superior de la UBA
(universidad de la que el Nacional Buenos Aires depende) estaba
considerando una oferta de la Corporación Antiguo Puerto
Madero Sociedad Anónima (CAMPSA).
La idea de la Corporación es
la de negociar con la universidad para que esta se retire del
terreno que ocupa el campo de deportes del colegio con el
objeto de destinarlo a la construcción de exclusivos edificios
que le reportarían una ganancia millonaria.
Aclaremos que el
terreno fue donado hace casi un siglo al Colegio, y que mediante
una ley se estableció que sería para uso exclusivo de la
institución. Sin embargo, durante la presidencia de Carlos Menem, fue creada la poderosa Corporación Puerto Madero, con
el fin de urbanizar las 170 hectáreas del lugar y con la
facultad de poder vender, conceder, permutar y arrendar total
o parcialmente los inmuebles incorporados a la zona.
El Estado Nacional, así,
ha transferido a la Corporación inmuebles que sólo pueden ser
desafectados de la esfera pública a través de una ley del
Congreso de la Nación, pero que en este caso fueron
transferidos por la voluntad unipersonal del entonces
Presidente.
De este
modo, aunque las tierras son públicas, la Corporación tiene la
capacidad de disponer de ellas como si fueran privadas. Así, en los
años 90, comenzó una batalla legal entre la UBA y la
Corporación por la propiedad del campo de deportes.
Ahora se intenta un
cambio en la estrategia: proponerle a la universidad el
traslado del campo de deportes además de proporcionarle una
buena suma de dinero a cambio de que la UBA desista de su
derecho a la utilización del predio.
El actual desenlace
La rápida movilización de
la comunidad educativa (padres, alumnos, docentes, ex alumnos)
hizo que el asunto tomara un estado de efervescencia que no
era el deseado (ni el esperado por los que trataban de cerrar
el trato rápidamente y en silencio).
El miércoles 1º de marzo
era el día crucial, ya que el Consejo Superior de la UBA debía
tomar una decisión con respecto a la oferta.
La posición del Consejo
era bastante simple: como no reciben suficiente cantidad de
dinero del estado como para funcionar correctamente, y en vez
de luchar por la suba del presupuesto educativo, proponían
vender lo que no les pertenece. Si bien la UBA tiene derechos
de uso sobre esos terrenos, los mismos siguen siendo un bien
público.
Debido a la protesta y
movilización de la comunidad del Buenos Aires el gobierno de
la Universidad finalmente decidió postergar por al menos 150
días el proyecto de vender el predio ubicado en Puerto Madero.
“La decisión debería ser tomada por amplio consenso, por eso
propongo seguir analizando y debatiendo el tema”, dijo el
rector Guillermo Jaim Etcheverry. Esta misma persona se
había apresurado a
firmar el acuerdo provisional sin consultar al Consejo, máxima
autoridad resolutiva de la Universidad, quien se enteró de la
situación varios días después. En el camino se habían salteado
todos los pasos legales y administrativos propios de este tipo
de operación.
Este es el final (por
ahora feliz) de una historia que nos suena conocida; vender lo
que tenemos para permitir que otro se enriquezca a costa de
nuestro empobrecimiento.
Carlos Davis

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