|
DECLARACIONES DE
LA INTEGRANTE DE RED POR BUENOS AIRES
Sandra Dosch deslegitima el
juicio político
contra Ibarra
15/11/2005
- La diputada
Sandra Dosch, integrante de la fuerza política Red por Buenos
Aires que lidera el ex-El secretario de Obras y Servicios
Públicos, Abel Fatala, desestimó las imputaciones
que se le hacen al Jefe de Gobierno Anibal Ibarra y por las
que se pretende llevarlo a Juicio político.
La diputada
dijo: La comisión debió investigar en serio, respetar las
normas del debido proceso, escuchar y valorar los testimonios
ofrecidos, para obtener y analizar pruebas documentales, todo
lo que estuviera a su alcance para contribuir al
esclarecimiento de los hechos.
Sin embargo el
informe cargado de subjetividad y carente de fundamentación
para llegar al resultado que arribó, denota la intencionalidad
desde su inicio de inculpar al Jefe de Gobierno, incurriendo
incluso para ello, en vicios de procedimiento que podrían
derivar en la nulidad de todo lo actuado. En este sentido cabe
mencionar:
En primer lugar,
la falta de precisión de algunos de los cargos de acusación.
En segundo
lugar, la formulación de cargos que no corresponden al mandato
en curso del Jefe de Gobierno, sino a un mandato anterior(años
2000 al 2003) y que por lo tanto no pueden ser objeto de
juicio político de acuerdo a lo que establece la Constitución
en su art. 92.
Cualquier
imputación referida a hechos acaecidos en un mandato ya
concluido no puede ser considerada por la comisión, aún por
voluntad de los ciudadanos del Poder Ejecutivo este
representado por la misma persona.
En cuarto lugar,
la comisión investigadora decidió no analizar las conducta de
los funcionarios de organismos de otras jurisdicciones, así
como tampoco las responsabilidades que pudieron caberle a
particulares.
Esto hubiera
servido para contextualizar adecuadamente la actuación de la
administración de la Ciudad. La propia comisión reconoce
respecto del código contravencional que la aplicación de sus
normas corren por cuenta de la Policía Federal y de los
fiscales contravencionales.
La Comisión a
omitido todo aquello que pudiera deslindar la responsabilidad
del Jefe de Gobierno en la tragedia ocurrida el 30 de
diciembre.
Se imputa al
Jefe de Gobierno el incumplimiento del ejercicio del poder de
policía. Todos sabemos que para el pleno ejercicio de estas
funciones, derivadas de la autonomía de la Ciudad, se requiere
de la modificación de leyes nacionales que no están al alcance
del Poder Ejecutivo de la Ciudad.
Por último, la
falta de investigación respecto del desarrollo previo del área
de habilitaciones y control.
Cabe preguntarse
porque, si es que el poder de policía es función del Jefe de
Gobierno y se imputa a Anibal Ibarra por las inspecciones que
el local recibió o no durante su mandato , la comisión
considera, en la investigación realizada, que en la gestión
anterior las personas involucradas en la habilitación del
local solo alcanzan al nivel de Director General.
Se imputa al
Jefe de Gobierno la decisión de disolver el área de
Verificación y Control en noviembre del 2003 con el argumento
de que los viejos inspectores con rutina podrían haber evitado
la tragedia.
Sin embargo fue
la vieja estructura de inspecciones la que permitió que un
local como el Reventón existiera y que posteriormente se
transformara en Cromañon. Durante seis años dicha estructura
permitió que una habilitación fraudulenta le sirviera a sus
dueños para operar al amparo de una legislación que no
obligaba a revalidarla.
Es razonable
entonces inferir que los cambios producidos por Ibarra
tuvieron incidencia en la tragedia? Evidentemente , no.
Dice la comisión
que la habilitación correspondía al local bailable clase C
pero funcionaba como microestadio y que el gobierno no
controló los requisitos para ese uso comercial. No solo ese
uso comercial no existe sino que estos lugares no necesitaban
pedir autorización porque su habilitación incluye el concepto
de “variedades” y la propia comisión reconoce que la realidad
supera las formalidades.
Es Ibarra quien
debía alterar normativas para poder clausurar, buscando algún
resquicio o interpretación para eludir la normativa vigente y
las formalidades o debíamos nosotros los legisladores
garantizar la actuación de la normativa para que el Poder
Ejecutivo pudiera controlar y hacerla cumplir adecuadamente?
Cual es el
alcance de la responsabilidad en este caso del Jefe de
Gobierno? Es Infinita?
El jefe de
gobierno no tiene entre sus funciones analizar expedientes de
habilitación o disponer de la realización o no de
inspecciones, para eso existe la delegación de funciones al
área correspondiente.
De no existir
tal delegación, tendríamos que imaginar a un jefe de Gobierno
golpeando cada puerta para cobrarles a los vecinos los
impuestos, para do en cada esquina controlando la conducta de
automovilistas y peatones , rellenando cada bache y arreglando
cada vereda.
Cromañon no
sucedió por falta de medidas ni de política en el áreas, ni
como consecuencia de ellas, sucedió a pesar de ellas.
Ocurrió en pleno
proceso de transformación el cual se estaba llevando adelante
con la intención de mejorar un funcionamiento que fue
deficiente durante mucho tiempo.
Cabe entonces
impedir que Anibal Ibarra finalice su mandato por falta de
idoneidad o mal desempeño por lo ocurrido en un área de su
gobierno?.
El juicio
político es un instrumento que no debe ser utilizado salvo
justificadas razones de gravedad institucional que justifique
torcer la voluntad popular para destituir al Jefe de Gobierno
antes de tiempo. Y esos hechos deben ser atribuibles
directamente al Jefe de Gobierno, situación que no es tal en
este caso.
Quizá la frase
que sintetice con mayor precisión el pensamiento de Sandra
Dosch sea esta: "Debe ser en la causa judicial y no en un
juicio político donde se determinen las responsabilidades y
culpabilidades si las hubiera".
Carlos Davis
Volver |
