Una situación similar ocurre con el edificio Cuatro
Columnas, en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA),
donde se impide la realización de
obras en los techos que fueron aprobadas por la Legislatura porteña.
La representante del IEM recordó que el
Instituto Espacio para la
Memoria presentó un presupuesto el año
pasado para la realización de obras en 2011 por 12 millones
de pesos y que "(Mauricio) Macri lo restringió a 6 millones,
dando la posibilidad para ejecutar obras en sólo dos
centros, Cuatro Columnas y Club Atlético".
Medina señaló que la partida "quedó detenida en el
Ministerio de Desarrollo Urbano" y que "cuanto más se
demora, menos tiempo tenemos en el año para licitar y
ejecutar". Ante la falta de respuesta, el IEM presentó este año a la
justicia una medida cautelar "para que se respete el
presupuesto aprobado por la Legislatura", pero el tema
sigue aún sin resolverse.
"No existe voluntad política del Gobierno porteño",
lamentó Medina que aclaró expresamente que "el IEM es un
ente autárquico de cualquier gobierno" y que "defiende a
rajatabla la independencia partidaria".
Sin embargo, evaluó que a pesar de no poder realizar las
obras reclamadas por falta de presupuesto, "hemos avanzado
con pequeñas tareas de laboratorio, gracias a la voluntad y
el compromiso de los equipos de conservación".
La
Nación promulga una Ley de protección
La ley 26.691,
sancionada el 29 de junio por el Congreso Nacional y
promulgada hace apenas unos días por la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, declara "Sitios de Memoria" a los ex
Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio que
funcionaron hasta el 10 de diciembre de 1983, designando al
Poder Ejecutivo Nacional para "garantizar la preservación a
los fines de facilitar las investigaciones judiciales, como,
asimismo, para la preservación de la memoria de lo
acontecido durante el terrorismo de Estado".
Para la determinación de los
"Sitios de Memoria" se tomará el informe generado por la
Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (Conadep).
Además, declara a
la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación como
autoridad de aplicación para
"propiciar la participación
de universidades nacionales
u otras instituciones
educativas para cooperar en
el estudio y la
investigación sistemática de
los hechos históricos".
En
otro artículo, la ley
convoca a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a "adherir a la
presente ley, para abrir
paso a la reconstrucción de
nuestro pasado y en un
símbolo de lo que nunca más
debe repetirse en nuestro
país".
Carlos Davis
Fuente:
Telam - Notas de archivo propio
