Lo apuntado obedecería al daño potencial que la antena puede ocasionar debido a los efectos contaminantes de los campos electromagnéticos producidos.
Ante la denuncia realizada por los padres tomó intervención la jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires Alejandra Petrella quien ordenó desconectar la antena de telefonía celular hasta que se defina si produce radiación nociva para la salud de los alumnos.
Los padres de los 700 alumnos que concurren diariamente al establecimiento pretendían que el Gobierno de la Ciudad pusiera en práctica el poder de policía que tiene en estos casos. Sin embargo éste respondió que "se hacía un uso abusivo del principio de precaución".
La jueza, sin embargo, consideró que el no hacer lugar a la medida cautelar podría ocasionar consecuencias irreparables, razón por la cual ordenó que la antena debería quedar fuera de servicio dentro de las próximas tres semanas, y por el lapso que duren los estudios que determinarán su grado de peligrosidad.
